Un hecho bastante curioso ocurrió en una zona de Japón donde se acaba de aprobar una ley en donde los menores de 20 años tendrán una limitación del uso de videojuegos de sólo una hora por día entre semana y 90 minutos los fines de semana.
En abril de este año, el gobierno de la prefectura de Kagawa que se encuentra ubicada en la isla de Shikoku dio luz verde a esta nueva medida para que los jóvenes no se pasen horas frente a sus consolas y pantallas y puedan estudiar y dormir temprano; antes de las 9 de la noche.
La medida ya tuvo su primera demanda por parte de un adolescente y con el respaldo de su familia, asegurando que esta medida es inconstitucional y una clara “violación de los derechos humanos fundamentales”.
Aunque la prohibición depende mucho de la voluntad de los padres de familia y no contempla sanciones; hay quienes consideran que esta ley es absurda y debe ser cancelada. El impulsor de la medida es el reconocido activista japonés, Ichiro Oyama, que ha manifestado su desagrado con el uso de videojuegos antes.
Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Japón es el país con más serios problemas de adicción a los videojuegos y es considerado una enfermedad mental. Incluso esta patología fue considerada para incluirse en la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11), que no se actualiza desde 1990.La demanda, que fue realizada por el joven adolescente Wataru y su madre, exige a las autoridades 1.54 millones de yenes (alrededor de $323,400 pesos mexicanos) por lo que señalan es una disposición insconstitucional y “una violación de los derechos humanos fundamentales”.
Los argumentos del abogado contratado por la madre del chico de 17 años aseguran que la nueva ley del gobierno no tiene sustento científico y es una intromisión inaceptable por parte de las autoridades en la dinámica de una familia.
La batalla legal podría tomar unos años hasta llegar a la Corte Suprema de Japón y hay personas que apoyan desde ambos lados. Quienes apoyan la norma consideran que ganarán porque no establece penas por no cumplirla. Por otro lado, quienes apoyan a Wataru, ven una violación de derechos constitucionales de libertad de expresión y una absurdez en el país nipón.
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