Cerro de la Silla de Bebé.- Hace algunos días, se dio la noticia de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez habían “adoptado” a un bebé del centro infantil denominado “Capullos”, con la salvedad de que la “adopción” había sido solo por el fin de semana, causando indignación entre las personas con sentido común.
La molestia colectiva pasó a segundo plano cuando lograron lo que querían, que era mantenerse en el imaginario colectivo y en boca de todos (además de ganar sus buenos likes), y todo esto lo debimos haber previsto desde que eligieron como alcalde a Cuauhtémoc Blanco.
Pero esa es otra historia.
Ahora resulta que el trámite para sacar al menor de edad del DIF Neoleonense se hizo sin los permisos necesarios y sin fundamento para realizar el “resguardo del menor” conforme a lo que marca la ley y el código de conducta entre primos.
Originalmente se había dicho que la pareja imperial había sacado al menor como “medida especial” y con el aval de la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia (o sea, ellos mismos se dieron el permiso o le mandaron un memorandum a los respectivos encargados), pero aquí viene lo bueno:
“Sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”
, señaló el DIF Nacional en un comunicado ante la solicitud de un medio de comunicación.A pesar de que la Procuraduría Estatal había asegurado que “la C. Mariana Rodríguez Cantú visita desde hace tres meses al niño”, no se justificó la razón de dicha convivencia, como tampoco se justificó el hecho de que su imagen y datos personales hayan sido expuestos de manera masiva, lo que constituye una violación al derecho de intimidad del menor.
Toda esta situación ha provocado que la propia Procuraduría del Sistema Nacional DIF llame a una reunión urgente para revisar la legislación y procedimiento respecto al interés superior de la niñez en el estado de Nuevo León bajo la consigna de que:
“Es obligación de las autoridades del Estado mexicano implementar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos y se exponen las vías por las que se vulneran los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes”.
Traducción: alguien a nivel federal no le gustó lo que hizo el mandatario de Nuevo León.
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